Este estudio tiene por objeto orientar a los responsables de formulación de políticas y promover recomendaciones prácticas destinadas a ayudar a las jurisdicciones en la elaboración de políticas efectivas para recuperar energéticamente los activos robados. El G-20, las organizaciones internacionales, instituciones financieras, agencias de desarrollo y la sociedad civil tienen un papel clave que desempeñar en asegurar un progreso concreto en la implementación de estas recomendaciones.