Incluye bibliografía.
TOMO I: La función administrativa. – Los principios que regulan la función administrativa. – Sistema de fuentes del derecho administrativo. – La estructura de la administración pública. – La organización de la administración pública: organización nacional. – Organización descentralizada. – La autoridad administrativa o la administración pública como sujeto de relaciones jurídicas procesales. – Colaboración entre entidades. – El régimen del personal de la administración pública y la responsabilidad del mismo. – El régimen jurídico de los administrados. – Participación de los administrados en las decisiones administrativas. – La responsabilidad patrimonial de la administración pública. – El régimen jurídico de los actos administrados. – La validez y la nulidad del acto administrativo. – La eficacia de los actos administrativos: notificación y publicación. – Ejecución de los actos administrativos: los procedimientos de ejecución. TOMO II: El procedimiento administrativo: conceptos. – Legalidad del procedimiento administrativo. –Los mecanismos de simplificación administrativa en general. – Formas de iniciación del procedimiento administrativo. – El inicio del procedimiento administrativo. – El tiempo en el procedimiento administrativo: plazos y términos. – La ordenación del procedimiento administrativo. – La instrucción del procedimiento administrativo. – Fin del procedimiento. – El silencio administrativo. – La revisión de oficio de los actos administrativos. – Los recursos administrativos. – El procedimiento administrativo trilateral. – La actividad administrativa de fiscalización. – La potestad sancionadora de la administración pública. – Ordenamiento, instrucción, terminación y ejecución del procedimiento administrativo sancionador.
Es preciso señalar que la perspectiva del estudio que estamos realizando es amplia, puesto que incluye no solo la doctrina y la jurisprudencia más importante sobre el particular, sino, además, el apoyo de otras ramas del saber humano, como la gestión pública, que es de especial relevancia para determinar jurídicamente la organización de la Administración Pública, la ciencia política, la economía, e incluso, la filosofía política y la sociología.