Sostiene que el derecho de la contratación estatal constituye desde hace algunos años un importante campo de estudio al interior de la Doctrina y Jurisprudencia propia del derecho administrativo. Si bien tiene su origen en las contrataciones de derecho privado, se ha separado de ésta al punto que se otorga a la administración una serie de facultades que excluye toda igualdad entre las partes contratantes. El autor considera, que el cumplimiento mismo de los fines estatales, la prestación de servicios garantía y materialización de los derechos constitucionales de los particulares, siendo por tanto un medio para el cumplimiento de un fin de interés general.