Uno de los principales insumos para la producción de drogas en el país recae en los cultivos ilegales de hoja de coca, que desde la mirada etnohistórica representó en el pasado el elemento imprescindible en rituales y ceremonias religiosas prehispánicas. Sin embargo, su tratamiento diferenciado asociado a otros compuestos traducen en un producto adictivo desencadenando el problema del tráfico ilícito de drogas, el cual se constituye en un problema público que debe abordarse con la implementación de políticas públicas; sin embargo, al considerarse una amenaza externa e interna desde el enfoque de la seguridad nacional requiere de un tratamiento bajo los estándares e instrumentos normativos que vinculan a países y organizaciones internacionales que aseguren el control e intervención oportuna para reducir el efecto destructivo que este mal común atenta contra los ámbitos político, económico y social. Esto significa que la continuidad e implementación de las reformas del Estado deben orientarse no sólo a reducir brechas de desigualdad y exclusión, sino también a poner en marcha acciones tangibles que demuestren efectividad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus actividades conexas.