Presenta un análisis de los hechos jurídico-sociológicos inherentes a la política de datos abiertos. Los autores consideran relevante la investigación para poder entender el fenómeno de la corrupción como un obstáculo que se apropia de los recursos públicos. Este estudio puede servir de base para la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo socioeconómico, así como la mejora de la política nacional de datos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el fin de eliminar las asimetrías en el acceso a la información y promover la participación efectiva de los ciudadanos.