Este documento busca facilitar la implementación de estándares internacionales de Derechos Humanos, basándose en la interrelación de los desarrollos normativos del sistema internacional y del interamericano, ambos aplicables en el contexto mexicano. El estudio afirma que los actos de protesta llevados son válidos, pues sirven para atenuar los problemas sociales; por consiguiente, los Estados tienen el deber proteger y salvaguardar este derecho, involucrando sobre todo a los grupos más vulnerables (mujeres, niños, población indígena).